Inequidad en la campaña produce fragilidad democrática


Todos los venezolanos –y la comunidad internacional- pueden ser testigos a través de los medios de comunicación social del incremento notable en la frecuencia y duración de las transmisiones oficiales obligatorias en radio y televisión cuando se acerca el inicio de una campaña electoral.
Aunque los integrantes de los poderes públicos están en la obligación de velar y garantizar la imparcialidad y la igualdad de los procesos electorales tal y como lo establece el artículo 293 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) el cual establece que “los órganos del Poder Público garantizarán igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficacia de los procesos electorales”, es común que los venezolanos observen que esta equidad no existe y que los actores políticos desconocen en su accionar, entre otros, el artículo 145 de la CRBV que indica que los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no de parcialidad política alguna; la Ley contra la Corrupción, que en su artículo 13 que prohíbe a los funcionarios destinar el uso de bienes públicos al servicio de parcialidad política alguna; y el artículo 6 de la Ley de Procesos Electorales, el cual establece que los funcionarios "no pueden actuar en ejercicio de la función pública orientados por sus preferencias políticas o en detrimento de cualquier organización con fines políticos”.
En el Reglamento Especial sobre la Campaña Electoral para la Elección Presidencial del 07 de octubre, que regulará las actividades proselitistas de los candidatos presidenciales desde las 6:00 de la mañana del 1 de julio hasta la medianoche del 04 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso que cada candidato podrá contratar propaganda electoral en cada televisora nacional o regional y canales de cable por un tiempo máximo de tres minutos diarios, no acumulables, mientras que en las radios de ámbito nacional y regional podrán transmitir mensajes por un tiempo máximo de cuatro minutos diarios, no acumulables.
No respetar estos límites o valerse de los recursos y bienes del Estado en beneficio de una parcialidad política distorsiona la equidad, transparencia de las elecciones.