Todos los venezolanos
–y la comunidad internacional- pueden ser testigos a través de los medios de
comunicación social del incremento notable en la frecuencia y duración de las transmisiones
oficiales obligatorias en radio y televisión cuando se acerca el inicio de una
campaña electoral.
Aunque los
integrantes de los poderes públicos están en la obligación de velar y
garantizar la imparcialidad y la igualdad de los procesos electorales tal y
como lo establece el artículo 293 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) el cual establece que “los órganos del Poder
Público garantizarán igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y
eficacia de los procesos electorales”, es común que los venezolanos observen
que esta equidad no existe y que los actores políticos desconocen en su
accionar, entre otros, el artículo 145 de la CRBV que indica que los
funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no de parcialidad
política alguna; la Ley contra la Corrupción, que en su artículo 13 que prohíbe
a los funcionarios destinar el uso de bienes públicos al servicio de
parcialidad política alguna; y el artículo 6 de la Ley de Procesos Electorales,
el cual establece que los funcionarios "no pueden actuar en ejercicio de
la función pública orientados por sus preferencias políticas o en detrimento de
cualquier organización con fines políticos”.
En el Reglamento
Especial sobre la Campaña Electoral para la Elección Presidencial del 07 de
octubre, que regulará las actividades proselitistas de los candidatos
presidenciales desde las 6:00 de la mañana del 1 de julio hasta la medianoche
del 04 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuso que cada
candidato podrá contratar propaganda electoral en cada televisora nacional o
regional y canales de cable por un tiempo máximo de tres minutos diarios, no
acumulables, mientras que en las radios de ámbito nacional y regional podrán
transmitir mensajes por un tiempo máximo de cuatro minutos diarios, no
acumulables.
No respetar estos
límites o valerse de los recursos y bienes del Estado en beneficio de una parcialidad política distorsiona
la equidad, transparencia de las elecciones.