Chávez defiende el uso de las cadenas durante la campaña electoral
El
9 de julio, en su primera conferencia de prensa como candidato a la reelección,
el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, defendió el uso de las cadenas
nacionales de radio y televisión durante la presente campaña electoral. Aunque
el Consejo Nacional Electoral (CNE) se ha negado a regular este mecanismo,
diversos estudios demuestran que su uso se incrementa notablemente durante los
períodos preelectorales. En la conferencia de prensa, Chávez sesgó la
información porque aseveró que el uso de las cadenas por parte del jefe de
Estado constituía un “derecho constitucional”, cuando no lo es. La ausencia de
control por parte del poder electoral, en materia de cadenas nacionales de
radio y televisión, representa un desequilibrio ya que le permite al presidente-candidato
difundir su mensaje de forma exclusiva por todo el sistema de radio y
televisión del país, tanto público como privado.
WAN-IFRA preocupado por censura a medios venezolanos durante campaña electoral
Una
misión de Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA por
sus siglas en inglés), constató la preocupación de los medios venezolanos
respecto a una intensificación de la presión oficial ante las venideras
elecciones presidenciales, circunstancias en las que “los ataques a los
periodistas se agudizan”; según recordó a la misión Marianela Balbi, directora
ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela. “Estas votaciones son las más importantes
desde la llegada de Chávez al poder y tememos por ello que se produzca el mayor
índice de agresiones a los medios jamás registrado”, agregó.
Durante
los últimos cinco meses, WAN-IFRA se ha opuesto radicalmente a las iniciativas
de los gobiernos de Venezuela y Ecuador para debilitar la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos
y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Lea
la nota completa del encuentro entre la misión de la WAN y los medios
venezolanos en su página web: (http://www.wan-ifra.org/node/59649).
Fondos públicos destinados a la campaña presidencial
Los
créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional y la expansión del
Gasto Público demuestra la ejecución de dos prácticas presupuestarias erradas
en Venezuela. La primera, señala el poco valor que le asigna el ejecutivo al
presupuesto nacional, como instrumento de planificación, ejecución y control
del gasto público. La segunda, el presupuesto nacional se utiliza como un
archivo que se modifica diariamente respondiendo a situaciones de coyuntura
política, buscando a través de la expansión del gasto público, el otorgamiento
de recursos a funcionarios y entes públicos claves, a fin de intentar incidir
en las próximas decisiones del electorado.
En Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.961 del 10 de Julio de 2012, se
muestra la aprobación de ocho nuevos créditos adicionales de un monto total de
Bs. 4.670.657.322,52 (USD. 1.086.199.377,33). En lo que va de año se han
aprobado 114 créditos adicionales por un monto de Bs. 47.757.461.762,87 (USD.
11.106.386.456,48). Este monto representa casi el doble del monto aprobado vía
créditos adicionales en comparación al mismo periodo en el año 2011.
De
estos ocho nuevos créditos adicionales incorporados al presupuesto 2012, se
destaca un “mega-crédito” de Bs. 2.000.000.000 (USD 465.116.279,07) otorgados a
varios ordenadores de pago (distintos ministerios y entes de la administración
pública), para financiar en su mayoría gasto de personal (sueldos y salarios,
beneficios inherentes al trabajador, aguinaldos, entre otros) y las pensiones y
jubilaciones de estos entes. Del monto total de este crédito 63% correspondió
al gasto de personal, pensiones y jubilaciones y el restante 37% a
transferencias corrientes realizadas a distintos entes adscritos a varios
ministerios sobre todo para financiar su gestión administrativa.
Otra
característica de este “mega-crédito”, es que por segundo mes consecutivo se le
otorgó recursos (Bs. 5.207.465) a proyectos de difusión y cobertura
comunicacional del Presidente de la República como: desarrollo y difusión de
campañas comunicacionales e informativas en apoyo a la gestión de gobierno,
producción del programa Aló Presidente, cobertura y difusión comunicacional de
la agenda del presidencial, fortalecimiento de medios alternativos, el
fortalecimiento de la política informativa a través de oficinas regionales y el
fomento a la aplicación de la Ley Resorte.
Desequilibrios restrictivos de la libertad de expresión
El
28 de junio de 2012, en el marco de una reunión con los directivos de los
medios de comunicación privados, la directiva del CNE, afirmó que no tenía
potestad para regular las cadenas obligatorias de radio y televisión que
sistemáticamente realiza el presidente candidato Hugo Chávez Frías. En esa
misma reunión pedía equilibrio a los medios en la cobertura informativa para
las campañas electorales de los distintos candidatos .
Las
cadenas obligatorias de radio y televisión constituyen un mecanismo restrictivo
de la libertad de expresión que se utiliza además para la descalificación del
principal candidato de la oposición. Del mismo modo se utiliza la obligación
que tienen la radio y televisión de transmitir mensajes gratuitos de acuerdo a
lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos que claramente constituyen una violación a los principios
de equidad que debe aplicarse en toda actividad electoral.
La
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a las elecciones
presidenciales del año 2006 consideró:
“El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la
publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo ministerios,
empresas públicas o autoridades regionales o locales) jugó a favor de la
campaña del presidente y candidato Hugo Chávez . “ El problema no es nuevo y no
puede considerarse que la publicidad gubernamental, incluyendo las cadenas
obligatorias de radio y tv, sean ajenas al evento electoral.
Por
otra parte, el debate en una sociedad democrática está intrínsecamente asociado
al pluralismo que se expresa en los medios de comunicación y ello cobra una
dimensión de mayor importancia en los contextos electorales. Los perfiles
editoriales deben responder a las visiones que libremente las personas puedan
adoptar, lo que resulta inadmisible es la coerción y cooptación para torcer
esas perspectivas recurriendo a la violencia estatal institucionalizada o
mecanismos de censura indirecta.
En
una investigación adelantada por el gobierno nacional y realizada con el concurso de distintas
instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); las Oficinas de
Información Regional (OIR) del Ministerio de Comunicación e Información
(MINCI); la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros entes públicos, se
puede construir un mapa de las tendencias editoriales de acuerdo a la
perspectiva del partido de gobierno .
La
elaboración de un mapa de los medios de comunicación con los recursos públicos,
en coordinación y con aportes del partido de gobierno configura claramente un
uso indebido de los recursos públicos. Por otra parte obliga a un seguimiento
de posibles consecuencias que puede acarrear a medios calificados como
opositores en la mencionada base de datos
De
acuerdo a esta base de dato que registra la perspectiva oficial y que cuenta
con un acceso libre a la información oficial se establece que en Venezuela
existen 1446 estaciones de radio,
incluyendo las clandestinas , 193 canales de TV y 334 medios impresos. En el cuadro
siguiente se detalla la suma de los medios de acuerdo a la categoría de
tendencia que el partido y el gobierno catalogan como líneas editoriales. Las
radios que se incluyen en el cuadro corresponden a las debidamente autorizadas.
Las estaciones clandestinas mayoritariamente son ubicadas como aliadas. Ello
guarda una relación directa con su vulnerabilidad jurídica y la estrategia de
cooptación que se impulsa desde el Estado venezolano.
El
38,8% de los medios son considerados Aliados y un 13,2% Con Acercamiento. Ello
implica que el 52 % de los medios del país tienen una relación próxima al
candidato presidente y un 24,9% se identifica con el sector de la Oposición. De
confirmarse estos datos, mediante una evaluación de contenido e impacto, el
sector gubernamental cuenta con una ventaja relevante en el mapa de los medios,
público y privados, en el país.
Estos
datos reivindican la importancia de una regulación estricta de la publicidad
gubernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, los mensajes
obligatorios de la ley Resorte y otras modalidades de la propaganda
gubernamental. En un contexto de
inequidad obviar la responsabilidad sobre la regulación de la propaganda
gubernamental aumenta las condiciones ventajistas para el candidato que procura
su reelección.
Por
otra parte los medios públicos tienen una obligación de mayor grado que los
medios privados en la tarea de construir un discurso equilibrado. En ese
sentido, conviene recordar las recomendaciones que para este tipo de medio elaboraron
conjuntamente el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de
Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los
Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de
Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la
Información de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos) en su Declaración Conjunta Sobre Medios de Comunicación y Elecciones:
•
Asegurarse que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se
difundan con suficiente información para que el electorado comprenda
adecuadamente su relevancia.
•
Normalmente, esto requiere formular preguntas a los distintos líderes y
candidatos, así como organizar debates entre tales candidatos.
•
Respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio, en
especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones
y los actos del gobierno durante un período de elecciones. Esto implica también
brindar una cobertura igualitaria de los argumentos a favor de todas las partes
durante un referéndum.
•
Otorgar a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los medios de
comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al público, ya sea
en forma gratuita o a un costo subvencionado. El acceso igualitario equivale a
un acceso justo y no discriminatorio concedido en función de criterios
objetivos que midan el nivel de apoyo general e incluye otros factores como la
oportunidad del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.
•
Asegurarse de que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se
difundan con suficiente información para que el electorado comprenda
adecuadamente su relevancia.
La estructura
institucional electoral debe fortalecer la equidad en las oportunidades para
todos los candidatos. Ello implica obligar a los medios públicos al equilibrio,
exhortar a los medios privados a que la practiquen y prohibir el uso de la
propaganda gubernamental. Aplicar las medidas a medias o solo alguna de ellas
contribuye a fortalecer las tendencias inequitativas y constituyen en sí mismas
una injusticia.
Un candidato compite contra el Estado
El Consejo Nacional Electoral (CNE) exhortó a los candidatos
presidenciales a firmar un acuerdo en el que se comprometan a actuar en
estricto cumplimiento de las leyes que rigen el proceso electoral, a reconocer
los resultados electorales emitidos por el Poder Electoral y a competir bajo un
clima de respeto durante la campaña.
|
Aunque es de aplaudir la iniciativa del organismo comicial,
desafortunadamente el texto propuesto no recoge la realidad del país porque
excluye de responsabilidad al Gobierno Nacional. Suponer que el Poder Ejecutivo
de cualquier país deba firmar un acuerdo de respeto a las leyes electorales no
parece necesario, sin embargo en Venezuela la situación es distinta.
El Reglamento
Electoral en Venezuela autoriza a cada candidato a disponer de tres minutos
diarios por canal de televisión para exponer sus propuestas, no obstante es
inadmisible para la transparencia de un proceso comicial que mientras un
candidato sólo dispone de esos tres minutos, el aspirante a la reelección puede
usar, además de este tiempo, varios minutos adicionales por hora para exponer
su obra de gobierno según lo establece la Ley Orgánica de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión (Ley Resorte). Unido a esto, se encuentran las
transmisiones oficiales obligatorias que deben realizar los canales de
televisión y emisoras de radio, no para transmitir hechos de especial
trascendencia para los venezolanos, sino para difundir actos o actividades
desarrolladas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Desafortunadamente ha faltado voluntad política entre las
mayoría de los rectores del CNE para aprobar disposiciones que prohíban el uso
de las cadenas presidenciales de radio y televisión para proselitismo político.
El acuerdo propuesto por
el CNE resume a la perfección la desigual campaña electoral presidencial en la
cual existe un candidato que está compitiendo contra otro, pero que también
está compitiendo contra el gobierno nacional.
Análisis
El
CNE debe asumir su responsabilidad de control sobre el uso de fondos públicos
en la campaña
1.
El Órgano Electoral se niega a regular Apariciones, Cadenas y ley resorte de
los candidatos en radio y televisión
El
Consejo Nacional Electoral reguló el tiempo de cuñas o spot publicitarios
pagados (a lo que llaman propaganda) de los candidatos presidenciales y sus
partidos durante el periodo oficial de campaña. Sobre las apariciones de los
candidatos y sus representantes en programas de opinión y cobertura de
noticias, exigió equilibrio a los medios de comunicación. Pero además de la
“propaganda” hay otras formas de estar
en los medios que deben ser regulados para garantizar equidad. Tres formas que
implican uso de recursos públicos, uso de privilegios y uso de atribuciones públicas en campaña electoral,
no están reguladas:
1. Las cadenas presidenciales, que permiten al candidato Hugo
Chávez, estar durante horas en todos los canales de Televisión y en todas las
emisoras de Radio en simultaneo,
2. Aló Presidente. Este programa dominguero se ha suspendido en
procesos electorales anteriores.
3. Los 10 minutos que el artículo 10 la Ley RESORTE cede a usuarios y usuarias para la
transmisión de “Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de
servicio público (…) No está permitida la utilización de estos espacios para la
difusión de publicidad o propagandas de los órganos y entes del Estado”.
Sin
embargo esos minutos de propaganda que
los canales y emisoras deben transmitir con carácter obligatorio, si están
siendo utilizados para difundir y promover obra de gobierno, aunque esté
prohibido.
El
CNE es el responsable de definir con claridad meridiana la débil línea que
separa los “mensajes o alocuciones
oficiales” de la propaganda electoral, basada en la premisa de que se expone
obra de gobierno. Las buenas prácticas internacionales que garanticen la
equidad y la protección de recursos públicos, han llevado a que en otros países
se prohíba la propaganda de gobierno en época electoral; o se obliga al
funcionario candidato a retirarse del cargo; se desarrollar sistemas de
seguimiento y control para que los candidatos no realicen ni siquiera una
llamada relacionada con temas de campaña desde un teléfono asignado por sus
labores de gobierno.
El
CNE debe presentar al país un informe detallada de los minutos, tal como se
calcula el tiempo de cuñas, de cada candidato en radio y televisión, sea cual
sea la razón de la presencia en los medios, y estimar el cálculo en bolívares
que significó esa presencia.
2.
¿El CNE sugiere u ordena que se cumpla la ley?
Escuchamos
con asombro como voceros del CNE y del comando Carabobo explicaban que el CNE
había sugerido el retiro de la propaganda del mensaje del, la campaña. Se
estaba usando tanto como mensaje de la obra de gobierno (Corazón Venezolano),
como de campaña electoral (Chávez corazón de mi patria). El CNE es órgano
rector y en temas electorales sus decisiones obligan al resto de los poderes.
3.
Debilidad o discrecionalidad en sanción.
La
vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales eliminó lo relativo a los delitos
electorales, tarea que deja a una Ley Especial en la materia, que aun no se ha
aprobado.
A
pesar que la norma electoral prohíbe:
hacer publicidad y propaganda electoral en cualquier dependencia pública; usar
la función pública a favor o en detrimento de una candidatura; usar bienes del
patrimonio público o los locales de gobierno con fines de proselitismo
político; utilizar un cargo o influencias para favorecer o perjudicar
electoralmente una candidatura, no esta clara la aplicación de las sanciones
previstas, multas entre Bs. 45.000 y Bs.
63.000 (a diferencia de la multa a los medios de comunicación cuyas multas por
su incumplimiento de la ley es entre Bs. 450.000 y Bs. 630.000).
No
está claro sobre que qué elemento se hará el cálculo para fijar la sanción: ¿el
edificio de un ministerio lleno de 100 afiches de un candidato cuenta como una
violación o como 100 violaciones?; Si a 50 funcionarios de una alcaldía se les “pidió
apoyo” para la campaña, ¿a quien se le pone la multa a los 50 funcionarios y/o
al que pidió el apoyo?.
4.
Denuncias
La oficina de Asistencia Legal Anticorrupción,
de Transparencia Venezuela, recibió en la primera semana de campaña oficial,
entre otras, denuncias donde supuestamente:
a.
propaganda del candidato a la reelección en la Guardia Nacional Bolivariana que
se encuentra en la estación de Metro de
Los Símbolos.
b.
propaganda electoral en universidades públicas e instituciones del Estado.
c.
Alcaldía de Guacara, estado Carabobo utiliza sus vallas para colocar la
propaganda del candidato Chávez y sin RIF.
d.
Colocan valla de Chávez en Palacio de Justicia http://pic.twitter.com/jA7THxgP
e.
Trabajadores de Cantv retirando propaganda http://lockerz.com/s/224531498.
f.
Propaganda electoral en el Ambulatorio El Arenal, Medida, Edo. Mérida
g.
En web Ministerio de Educación continúa logo http://bit.ly/bQbFj5
h.
También en Ministerio de Energía y Petróleo http://bit.ly/fHug0u; del Ministerio de la Vivienda
http://bit.ly/gr69Rh
5.
La pre campaña no estuvo regulada.
Anarquía
vivimos durante los meses previos al inicio formal de la campaña, con el
beneplácito del CNE que se negó a controlar la propaganda, promoción y difusión
de mensajes y actividades de los candidatos. A diferencia del mundo
democrático, que entiende que antes de comenzar el periodo de campaña, está
prohibida, y el órgano encargado de las elecciones debe garantizar que se
cumplan las normas.
Transparencia
Venezuela recuerda que el uso de fondos o recursos públicos que no esté
previamente aprobado por ley es corrupción y estos delitos no prescriben.
RESUMEN DE NOTICIAS
Intervenidas cuentas de correo electrónico y redes sociales de directora
del IPYS
14 de Julio de 2012
Fueron
intervenidas por desconocidos las cuentas de correo electrónico y redes
sociales de la Directora Ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS
Venezuela), Marianela Balbi.
Acorde
con declaraciones de Balbi a IPYS, intentó acceder en repetidas ocasiones a sus
cuentas de correo electrónico de manera infructuosa, pues se le indicaba que su
clave era incorrecta, hecho que le obligó a cambiar varias veces sus
contraseñas. En cuanto a redes sociales, fueron cambiados su nombre de usuario
y el correo electrónico asociado a su cuenta de la red social Twitter
(@NelaBalbi).
Coalición Internacional de Organizaciones por los
Derechos Humanos en las Américas expresan su preocupación sobre el retiro de
Venezuela de la Corte- IDH
1 de Agosto de 2012 .La Coalición Internacional de
Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas expresaron su preocupación
por las declaraciones del presidente Hugo Chávez y el ministro de Relaciones
Exteriores, Nicolás Maduro sobre el retiro definitivo del Estado Venezolano de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las organizaciones señalan que la esta medida "
tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de
los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección
del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan
sido debidamente protegidos en su país", expresaron en el comunicado. Así mismo, instan al gobierno venezolano a
"ratificar su compromiso con la protección de los derechos humanos"
http://bit.ly/P5OrQu
Guardia Nacional despoja de equipo de trabajo a reportero gráfico en
Barinas
1 de Agosto de 2012. Funcionarios de Guardia Nacional adscritos al
Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) despojaron de su cámara fotográfica y
borraron el material de trabajo del reportero gráfico del Diario De Frente, Huanis
Alfaro, mientras cubría hechos violentos ocurridos en el Parque Los Mangos de
la ciudad de Barinas.
Alfaro
indicó que los efectivos de la Guardia Nacional al ver que hacía las gráficas
del suceso, lo atropellaron verbalmente, lo despojaron de su instrumento de
trabajo y cargaron con la cámara hasta su comando, donde procedieron a borrar
la memoria que contenía el trabajo del día.
Retiran credenciales a medios privados durante acto de Chávez
6
de Agosto de 2012. El corresponsal de Globovisión, Ricardo Graffe, informó que
a los medios de comunicación privados se les retiró sorpresivamente las
credenciales para la cobertura del acto de campaña del presidente Hugo Chávez
en el estado Carabobo.
Graffe indicó que el proceso de acreditación se inició a las 6:00 am
para aquellos periodistas que cubrirían la actividad, pero poco después se las
retiraron.
Gobernador Adán Chávez arremete contra periodista del diario La Prensa
de Barinas
7 de Agosto de 2012. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, arremetió contra el periodista Tarquino
González del Diario La Prensa y secretario general del Colegio Nacional de
Periodistas seccional Barinas, durante el simulacro de votación que realizó el 5 de agosto el CNE.
Los
hechos ocurrieron en las instalaciones del Ciclo Diversificado Daniel Florencio
O´Leary de Barinas, cuando el primer mandatario regional ofrecía declaraciones
a los comunicadores sobre su participación en el simulacro,
Las
ofensas en contra del periodista se originaron por la publicación de una
información relacionada con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) la
cual reseñaba los posibles sustitutos de aspirantes a la alcaldía de la capital
del estado para las elecciones locales del año 2013.
Comando de campaña de Henrique Capriles Radonski denuncia bloqueo de
CANTV al portal hayuncamino.com
14 de agosto. El jefe de campaña del Comando Venezuela, Armando Briquet,
denunció el bloqueo por parte de Cantv de la página web oficial
(http://hayuncamino.com) de la campaña
de Henrique Capriles Radonski por la presidencia de la República Bolivariana de
Venezuela en los comicios del 7 de octubre.
“Nuestros
técnicos probaron por otros proveedores de servicio y se puede acceder por
cualquier ISP en Venezuela, menos por ABA Cantv. Pese a que reconoce el nombre
y la dirección correctamente, desde un browser navegando con ABA, no se puede
acceder a la página ni por el nombre ni a través de la dirección IP”, Declaró
Briquet a el diario El Universal. De igual manera, no descartó la naturaleza
política del bloqueo, debido a un mensaje enviado por Capriles Radonski a los
funcionarios públicos, el cual acumula más de 71 mil vistas en el portal de
videos YouTube. “Al igual que el saludo a nuestra Fuerza Armada Nacional,
nuestro mensaje a los empleados públicos ha tenido buena receptividad”
Briquet
no descartó que esta problemática sea de índole político, ya que desde las 9 de
la noche del pasado domingo, el video con el mensaje a los empleados públicos
ha sido visto por 71 mil 357 personas.
En sus declaraciones, también asegura que este tipo de acciones busca
“entorpecer el desarrollo de la contienda electoral, lo que revela el miedo del
gobierno central y su candidato a perder el poder”.
CANTV negó haber bloqueado el portal. Un día después de la denuncia, la
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, aseguró que CANTV no había bloqueado el
portal y que, al contrario, había trabajado para solventar los problemas
denunciados.
Reiteran que dos de los cinco rectores del CNE tienen vinculación partidista
El 26 de noviembre de 2009, la asociación civil Súmate
introdujo ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ), recurso de nulidad por inconstitucionalidad, contra la lista final de
los seleccionados por el Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea
Nacional (AN) para ser nombrados rectores del CNE. El 13 de agosto de 2012, la
organización solicitó nuevamente a dicha Sala que se pronunciase acerca del
recurso interpuesto.
Con esta acción, Súmate buscaba impedir la designación,
inconstitucional e ilegal, de Socorro Hernández y Tania D’Amelio como rectoras
principales del CNE, porque no cumplían con los requisitos de elegibilidad
establecidos en la constitución y la ley, en concreto lo relativo a la no
vinculación a organizaciones con fines políticos. Ambas eran militantes del
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
En criterio de la organización, la falta de
pronunciamiento del TSJ ha permitido que dichas rectoras Socorro Hernández y
Tania D'Amelio ejerzan "una autoridad en fraude a las normas
constitucionales, por ser personas inelegibles, lo cual genera una situación de
ilegitimidad de origen" y "una competencia viciada para el dictamen
de resoluciones".
De conformidad con el artículo 294 de la Constitución,
los órganos del Poder Electoral se rigen, entre otros, por los principios
“despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación
ciudadana”. El artículo 296 eiusdem dispone que el “Consejo Nacional
Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones
con fines políticos”. Por otra parte, el artículo 9 de la Ley Orgánica del
Poder Electoral (LOPE) enumera los requisitos que deben cumplir los rectores
electorales y entre ellos, señala que no pueden estar vinculados a
organizaciones con fines políticos.
Hernández y D' Amelio fueron militantes del PSUV en el
pasado[1]
y así ha quedado demostrado tanto en sus declaraciones públicas como en sendas
renuncias presentadas ante el entonces director de organización del PSUV, Jorge
Rodríguez, en fechas 2 y 4 de noviembre de 2009. En efecto, Socorro Hernández
se incorporó en el Partido Socialista Unido de Venezuela, luego de su creación
por iniciativa del presidente Hugo Chávez. Por su parte, Tania D' Amelio
Cardiet fue integrante de la Juventud del Partido Quinta República, diputada
del PSUV a la AN por el Estado Vargas (Comisión de Política Exterior) y una de
las coordinadoras de patrulleros del Comando Maisanta[2].
Es evidente que la designación y permanencia de Socorro
Hernández y de Tania D' Amelio Cardiet contraviene lo dispuesto en la
Constitución y en la LOPE. La renuncia a la militancia partidista, producida un
mes antes de su designación como miembros de la autoridad electoral, es insuficiente para garantizar la
igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los
procesos electorales, requisitos expresamente establecidos por la
Constitución y la ley.
[1] Ver
en este sentido: “Dos ex dirigentes del PSUV escogidas como rectoras del CNE”,
en http://www.eluniversal.com/2009/12/02/pol_art_dos-ex-dirigentes-de_1679639.shtml
[2] Ver
en este sentido: “¿Quiénes son las nuevas rectoras del CNE?”, en http://www.globovision.com/news.php?nid=134577
Peligro para la libertad de expresión en el nuevo COPP
El nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), publicado el 12 de junio
de 2012, trae consigo menoscabo a diversas garantías fundamentales, entre las
que resalta principalmente el debido proceso. Sin embargo, también encontramos
que otros derechos humanos pueden verse afectados con la aplicación de algunas
de estas normas, tal es el caso de la libertad de expresión e información.
El
artículo 316 del COPP versa sobre la publicidad del debate de juicio, y en este
sentido establece que todos los debates serán públicos, pero que el tribunal
podrá resolver que se efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:
(1) afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna
persona citada para participar en él; (2) perturbe grave a la seguridad del
Estado o las buenas costumbres; (3) peligre un secreto oficial, particular,
comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; (4) declare de un
menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad; y, (5)
cualquier otra circunstancia que a criterio del Juez, o la Jueza, perturbe el
normal desarrollo del juicio.
Vale
acotar que el derogado artículo del COPP del año 2009 incluía el mismo
contenido del artículo a excepción del numeral quinto. De manera que, lo que el
legislador hace con la reforma de este artículo es agregar una causal nueva
para limitar la publicidad de los debates, la cual de una simple lectura se
observa que es abierta e imprecisa y deja a libre discreción del juez el
decidir al respecto.
Tanto
la Constitución Nacional como los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos consagran la publicidad de los procesos [1] como una garantía
esencial del debido proceso y establecen causales precisas para que operen las
excepciones. De la misma manera estos textos normativos establecen el derecho a
la libertad de expresión y el derecho a la información y comunicación [2].
En
consonancia con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) y la Corte Europea de Derechos
Humanos han resaltado la importancia de la publicidad en los procesos como una
garantía para la preservación de la confianza y seguridad jurídica[3]. La
publicidad en los procesos permite una Administración de Justicia transparente,
en la que las personas puedan ejercer contraloría social y estar atentos y
vigilantes a cualquier menoscabo de derechos que puedan existir en el proceso.
En este sentido, las excepciones a la publicidad deben ser específicas y
claras, de manera que se promueva la publicidad y no el secreto y exista una
seguridad jurídica sobre la garantía de este derecho. En este caso, el debido
proceso y la libertad de expresión e información son dos derechos que actúan de
manera conjunta, pues para que se garantice que se cumpla un proceso justo debe
tenerse libertad de que la colectividad se informe acerca de lo que ocurre en
él y pueda sacar sus propias conclusiones y opinar libremente acerca del mismo,
exigiendo correcciones en caso de que sea necesario.
En
el numeral quinto del artículo 316 del nuevo COPP se utiliza el término
“perturbe el normal desarrollo del juicio” como causal que aplicaría el Juez o
Jueza a libre consideración de éste. Este término no queda claro en la norma y
genera una vaguedad que pudiese interpretarse a conveniencia del Juez o Jueza
de acuerdo como éste lo disponga, pudiendo incluso permitir interpretaciones
tales que permitan al juez utilizarlo como excusa para encubrir actos de
corrupción, de violación de derechos o garantías o para la realización de
cualquier otro acto ilegítimo.
En
conclusión, este artículo del COPP atenta contra el principio de publicidad
procesal, pues es vago e impreciso en sus términos y otorga un poder demasiado
amplio a los jueces para decidir libremente acerca de la garantía de un derecho
humano fundamental y excede los límites de las excepciones de la publicidad de
acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así mismo,
este artículo toma pasos regresivos en contra de las garantías del derecho humano
al debido proceso.
Incremento del gasto público potencia la campaña
Los créditos adicionales incorporados
al presupuesto entre el 01 de julio al 15 de agosto alcanzan un monto de Bs.
46.053.325.412,86 (USD. 10.710.075.677,41), lo que representa un 52% del monto
total de créditos aprobados en lo que va de año. De acuerdo al destino de estos
créditos adicionales, se observa que el 79% de los recursos adicionales
incorporados al presupuesto nacional tiene como objetivo cubrir el gasto de
personal, las pensiones y jubilaciones de los ministerios y entes de la
administración pública.
Al realizar la comparación con el año
anterior, estos recursos asignados para gastos de personal, pensiones y
jubilaciones experimentaron un incremento de 23% con relación a la cifra
aprobada en el año 2011.
Concepto
|
Año 2011
|
Año 2012
|
% de Incremento
|
||
Monto en Bs.
|
Monto en USD.
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Monto en Bs.
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Monto en USD.
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Gasto de Personal,
Pensiones y Jubilaciones
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29.727.319.420,63
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6.913.330.097,82
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36.603.534.518,02
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8.512.449.887,91
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23%
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Fuente: Gaceta Oficial de la República,
2011-2012 (julio-agosto).
Esta evidencia financiera muestra que
la mayoría del gasto público que se están incorporando al presupuesto nacional
es para financiar las porciones del aumento salarial y sus diferentes
incidencias. Sin embargo, a pesar de los compromisos laborales que tiene el
ejecutivo nacional con sus trabajadores activos, jubilados y pensionados deben
ser honrados, esto debe hacerse con la debida planificación financiera.
El incremento salarial regular del
primero de mayo todos los años no se incluyó en la formulación del presupuesto.
La división del aumento en dos partes, una novedad de este año, permite al
gobierno entregar la segunda partes en el mes de septiembre, a días de las
elecciones.
Violencia política
Violencia política
Se puede
esperar que la contienda electoral eleve el nivel general de la violencia en la
sociedad venezolana durante esta contienda electoral presidencial. En los
modelos de diagnósticos sobre la materia que se manejan en la actualidad, se
sitúa a la polarización política como un factor que contribuye a la disminución
del capital social, la tolerancia social y por lo tanto motor la violencia
interpersonal.
Venezuela
tiene una larga tradición de violencia política. Desde los llamados cabilleros
de la década de los sesenta de Acción Democrática hasta los círculos bolivarianos
que fueron liderados por la militante de la revolución bolivariana Lina Ron
hasta que falleció. La defensa armada de la revolución ahora tiene su
manifestación en los colectivos sociales como La Piedrita y Alexis Vive. Ya los
venezolanos han experimentado sucesos violentos motivados por el enfrentamiento
político, siendo los golpes del 1992 y 2002 los más notorios por las bajas en
vidas humanas. En todo caso la violencia política es espontánea, y cuando se
presenta es fugaz.
Algo que
sin duda no escapa a ninguna contienda electoral son factores que generan las
condiciones ideales para que la violencia se desate. Las concentraciones de
personas durante las arengas y marchas de los mítines de los candidatos son un
caldo fértil, donde ingredientes como el alcohol y la presencia de armas de
fuego representan factores de altísimo riesgo que pueden desencadenar el caos y
la violencia, especialmente si los grupos políticos se ven enfrentados en el
mismo lugar.
Al inicio
oficial de esta campaña ya hemos registrado los primeros conatos de violencia
en actos electorales. El episodio de la Vega nos pronostica una campaña que
puede estar signada por la violencia política, el miedo y la amenaza velada
desde el estado. Los acuerdos a los cuales se puedan llegar entre los
candidatos determinará si estos conatos de violencia escalen a episodios que
podamos lamentar todos como sociedad.
Violencia política: monitoreando la campaña
presidencial
El 1 de Julio de 2012 se dio inicio a la campaña
electoral de cara a las elecciones presidenciales del 7 de octubre. La
importancia del cargo a elegir, elevada politización y sectorización radical del
país origina una campaña presidencial particularmente álgida, controversial e
inclusive agresiva y violenta.
Esta situación se potencia e incrementa tras la falta
de contundencia del marco legal y el Poder Electoral en torno a qué tipo de
actividades y conductas están permitidas y prohibidas en las campañas
electorales. Sin embargo, no se trata de sancionar instrumentos jurídicos
rígidos en materia electoral ni de un organismo electoral excesivo restrictivo;
lo que se busca es garantizar la posibilidad de una campaña abierta, armónica y
activa, libre de interferencias y sin presencia de violencia.
Tras el episodio sufrido por el candidato Henrique
Capriles Radonski en la Parroquia La Vega en el Distrito Capital el pasado 7 de
agosto de 2012, y posterior petición de no violencia tanto del Poder Electoral
como del Candidato Chávez a sus seguidores, la agresividad por motivos
electorales pareciera haber disminuido.
Desde el 7 de julio, fecha de ocurrencia del episodio
violento del cual fue víctima Capriles Radonski y sus seguidores en la
Parroquia La Vega, el candidato opositor ha aparecido en 29 oportunidades en
eventos de campaña electoral desde diversas locaciones de los estados Aragua,
Anzoátegui, Cojedes, Carabobo, Distrito Capital, Guárico, Lara, Miranda,
Portuguesa, Sucre, Vargas, Yaracuy y Zulia. Estos eventos de campaña han estado
libre de violencia por motivos electorales; no ha habido víctimas ni fueron
provocados hechos violentos por seguidores del candidato de la Unidad
Democrática.
Por su parte, Hugo Chávez ha encabezado 10 eventos
electorales desde la fecha de inicio de campaña desde los estados Anzoátegui,
Aragua, Carabobo, Guárico, Lara, Miranda y Zulia sin presentar hechos de
violencia por motivos electorales.
Sin embargo, el 8 de julio de 2012, luego de la
agresión recibida por el candidato Capriles Radonski en la Parroquia La Vega, fueron agredidos seguidores de Chávez
en el estado Monagas. La agresión fue realizada por presuntos miembros del
Comando Venezuela (representa Capriles Radonsky) con botellas y piedras
lesionando a los simpatizantes del Comando Campaña de Carabobo (representa al
Hugo Chavez). Los heridos requirieron de asistencia médica. El hecho fue
debidamente denunciado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero no hubo
mayor sanción salvo el llamado a no violencia del Poder Electoral.
Como parte del monitoreo realizado, se ha hecho
seguimiento a los actos de campaña en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure,
Bolívar, Distrito Capital, Guárico, Mérida, Monagas y Zulia, los cuales no
cuentan con la presencia física de los candidatos pero si de sus representantes
regionales, y que reportan violencia por motivos electorales.
Se observó una tendencia de victimización mayor para
el candidato Capriles Radonski y su de campaña, quienes recibieron agresiones
en 73% de los casos observados contra el 27% del Comando Campaña de Carabobo.
Gráfico
1. Porcentaje de victimización de los comandos de campaña electoral
Fuente: Investigación hemerográfica (01/Jul al 10/Ago, 2012)
Los lugares donde ocurren las agresiones están
principalmente asociados con los puntos de campaña y el espacio público donde
es ubicada la propaganda electoral de los candidatos aspirantes a la
Presidencia de la República. Este es el tipo de agresión que se ha vuelto común
entre ambos bandos en contienda electoral, constantemente reseñados y
denunciados ante el Poder Electoral.
En cuanto al tipo de agresión recibida, el Comando
Venezuela ha sido objeto de agresiones verbales en los mítines políticos que
realiza por parte de los seguidores de Chávez en 31% y ha visto destruido su
material de propaganda en 23% de los casos en los que ha sido agredido
(Violencia de entorno en gráfico anexo); de la misma manera, el candidato Capriles
Radosnki, denunció estar siendo objeto de amenazas y seguimientos por parte del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Gráfico 2. Comando Venezuela. Tipo de agresión
recibida
Fuente: Investigación
hemerográfica (01/jul al 10/ago, 2012)
En cuanto al Comando Campaña de Carabobo, igualmente
ha visto destruida su propaganda electoral ubicada en los espacios públicos por
parte de supuestos miembros de la MUD en 25% de las agresiones y, tal como fue
mencionado, denunció la agresión verbal y lesión física de sus militantes en un
mitin político del estado Monagas.
Gráfico 3. Comando Campaña de Carabobo. Tipo de
agresión recibida
Fuente: Investigación
hemerográfica (01/jul al 10/ago, 2012)
De la misma manera, fue observado el tipo de medio con
el cual se cometen las agresiones físicas a los comandos de campaña, pudiendo
afirmar que cualquier medio es idóneo para realizarlas. Así, son efectuados
disparos al aire, utilizados fuegos pirotécnicos, armas blancas y quema de
cauchos. Sin embargo, el medio predominante para cometer agresiones lo
constituyen los objetos contundentes en 40% de los casos. (piedras, listones,
botellas de plástico, etc).
Gráfico 4. Medio de comisión de las agresiones.
Fuente: Investigación
hemerográfica (01/jul al 10/ago, 2012)
Sin embargo, el 53% de los casos en donde se
presentaron hechos irregulares por motivos electorales presentaron uso de
violencia verbal y destrucción de propaganda electoral, los cuales no necesitan
de un medio de comisión para realizar la agresión.
Ninguno
de estos eventos violentos protagonizados por ambos comandos ha sido investigado,
ni recibido sanción por parte del Poder Electoral u otros organismos del Estado
venezolano que colaboran en el correcto desarrollo de la campaña electoral.
El pasado 17 de julio de 2012 fue firmado un acuerdo
de aceptación de resultados electorales, campaña electoral abierta y armónica
entre los candidatos, contando con el consentimiento de seis de los siete
aspirantes a la Presidencia de la República.
Luego de esta firma, el Comando Venezuela ha reportado
en múltiples oportunidades la violación de este acuerdo por parte de Hugo
Chávez, quien en su condición de Presidente de la República ha utilizado
cadenas del sistema nacional de medios públicos desde el inicio de campaña, aprovecha
los mensajes oficiales de difusión obligatoria en medios de comunicación según
la Ley RESORTE para promover su gestión e indirectamente su candidatura, pese a
la restricción de tres minutos diarios
fijada por el ente electoral.
Igualmente, el Comando Campaña de Carabobo ha sido
denunciado de fijar carteles con imágenes de niños, niñas y adolescentes, e
igualmente sin el registro de información fiscal, e inclusive el propio Hugo
Chávez ha utilizado un mensaje grosero en alocuciones oficiales al referirse al
principal candidato de la oposición.
Esta situación demuestra el ventajismo electoral de
Chávez, reiterada denuncia del Comando Venezuela, y la mora del Poder Electoral
de sancionar las irregularidades de forma contundente, más allá de los
constantes e inconsistentes llamados de atención a los comandos de campaña.
Ante estas denuncias, el Comando Carabobo y el
candidato Chávez insisten en la necesidad de las cadenas presidenciales como
medio estratégico para mostrar los logros de la gestión porque, según sus
argumentos, los medios privados no hacen cobertura del trabajo gubernamental.
Como parte de los hechos de relevancia ocurridos en la
campaña electoral, el pasado 5 de agosto de 2012 fue realizado el simulacro del
proceso electoral, con la finalidad de analizar lo relacionado con detalles
técnicos de las mesas electorales de cara a la cita comicial de próximo 07 de octubre
de 2012.
Para la realización de éste simulacro fueron
convocados todos los comandos de campaña de los candidatos en carrera por la
Presidencia de la República, técnicos, expertos y electorado en general.
Pese a que la Vicepresidenta del CNE Sandra Oblitas
anunció que el simulacro se desarrolló con normalidad y sin hechos irregulares
o de violencia, fue registrado un hecho de violencia por motivos electorales en
el estado Zulia.
Miembros del Comando Venezuela y Campaña de Carabobo
se dieron cita en el centro electoral ubicado en la Unidad Educativa Fe y Alegría
La Chinita, en el municipio Maracaibo del estado Zulia con la finalidad de
atender la convocatoria del Poder Electoral.
En el lugar fueron coreadas consignas a favor de los
candidatos presidenciales con agresividad incremental, teniendo como máxima
expresión de violencia el lanzamiento de botellas de vidrio, objetos
contundentes y agua por parte de los miembros del Comando Venezuela hacia el
representante del Comando Carabobo Zulia, Francisco Arias Cárdenas, cuando
declaraba a los medios de comunicación de la región.
Debido a que el objetivo principal de un proceso
comicial es alcanzar el máximo poder político de elección popular en Venezuela,
no resulta extraño que esta situación se constituya en catalizadora de
violencia.
La violencia electoral generalmente utiliza amenazas,
coerción e intimidación como medios para interactuar entre los bandos
electoralmente enfrentados. Mientras menos libre, justo y transparente sean
percibidos los procesos comiciales, existe mayor probabilidad de explotar el
recurso de la violencia electoral.
Lo importante a destacar es la necesidad de fortalecer
al CNE como ente rector en la materia, sobre todo en la correcta aplicación de
la Ley Orgánica de Procesos Electorales y las aclaratorias de prohibiciones y
permisologías a los actos de campaña. De quedar clara la normativa y aplicar
las debidas sanciones a las irregularidades, se disminuirán las motivaciones
que han impulsado los hechos violentos durante la campaña electoral.