Incertidumbre electoral


La campaña electoral para la elección de 23 gobernadores y 233 integrantes de asambleas regionales estatales en Venezuela ha estado marcada por el silencio de la autoridad electoral en dos temas claves: El control y uso de los recursos públicos para la campaña y la convocatoria oficial de las elecciones de alcaldes y concejos municipales prevista inicialmente para el 14 de abril de 2013, pero ahora supeditada a la negociación política en torno a la instauración en Venezuela de una nueva estructura política administrativa –no reconocida en la Constitución Nacional- llamada: Poder Comunal.
A 15 días de la elección presidencial el rector electoral Vicente Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) alertó que los aspirantes a gobernadores no pueden “inaugurar” obras públicas como si se tratara de funcionarios públicos en ejercicio. No obstante, el propio rector duda si compete al organismo electoral o la Contraloría General de la República sancionar este tipo de acción, que podría catalogarse como usurpación de funciones o uso inadecuado de los recursos públicos para hacer campaña.
Hace seis años, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó a las autoridades venezolanas investigar y sancionar -de acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales-  la participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, ya sea voluntaria o inducida. También se recomendó analizar la posibilidad de prohibir la inauguración de obras públicas durante el periodo de campaña y limitar la publicidad institucional. Ninguna de estas recomendaciones fue analizada, lo que contribuye hoy en día a que existe un claro desbalance en las actividades de campaña y un amplio desconocimiento a la normativa electoral.
No solo guarda silencio el CNE con relación al uso de recursos públicos, también lo hace sobre las elecciones locales, las teóricamente más importantes por la cercanía de los funcionarios que deben elegirse con los ciudadanos. Básicamente los rectores electorales evalúan, al menos, tres escenarios distintos para convocar finalmente la elección de 335 alcaldes y concejos municipales, además de dos alcaldías de los Distritos Metropolitano y sus respectivas cámaras. 
Esta diatriba se mantiene a pesar que el 29 de marzo de 2012 la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a la par que convocó la elección presidencial para el domingo 7 de octubre y las elecciones regionales para el 16 de diciembre aseguró que las elecciones locales podrían realizarse el 14 de abril de 2013. 
El retardo en la decisión del CNE tiene razones políticas y está vinculado a la implementación del Poder Comunal. Mientras el organismo comicial pareciera esperar por la orden política para convocar elecciones, aumenta el periodo ilegal de las autoridades locales.
Los actuales integrantes de las cámaras municipales fueron electos el 7 de agosto del año 2005. Según la Constitución los gobernadores, alcaldes y concejales deben permanecer cuatro años en sus cargos. Por esta razón, los venezolanos debían elegir a los integrantes de los 335 concejos municipales del país y 1084 juntas parroquiales a mediados del año 2009. 

No obstante, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.015 del 28 de diciembre de 2010 eliminó a las 3.207 juntas parroquiales que fueron electas en 2005 (como paso previo a la implementación del Poder Comunal)
La eliminación de las juntas parroquiales se une al rezago en la designación de cámaras municipales que respondan a la dinámica política de 2012 y no a la distribución de poder local de 2005. 
Según informa el diario El Universal los siete años de mandato de los actuales concejales crea importantes distorsiones políticas. Un caso emblemático se encuentra en el municipio Sucre del estado Miranda. Desde 2007 el chavismo no logra ganar en este municipio. No obstante, el alcalde Carlos Ocariz (Primero Justicia-oposición) debe gobernar con una cámara municipal electa en 2005, que le otorgó al MVR -ahora Psuv- 11 de los 12 curules en el concejo municipal. Si se utilizarán los resultados de los comicios locales celebrados el 31 de octubre de 2008 la oposición debería tener la mayoría de las curules en este concejo municipal. 
El caso de Ocariz no es único. En las elecciones locales del 31 de octubre de 2008 los candidatos a alcaldes de la oposición ganaron en 56 alcaldías. De éstos, 36 deben gobernar con cámaras municipales pro-chavistas electas en 2005 que debieron relegitimarse hace tres años. 
Mientras el CNE guarda silencio sobre temas vitales como el control de la campaña y mueve las fechas electorales a conveniencia de un sector político es imposible hablar de elecciones realmente competitivas en Venezuela.