La campaña electoral para la elección de 23
gobernadores y 233 integrantes de asambleas regionales estatales en Venezuela
ha estado marcada por el silencio de la autoridad electoral en dos temas
claves: El control y uso de los recursos públicos para la campaña y la
convocatoria oficial de las elecciones de alcaldes y concejos municipales prevista
inicialmente para el 14 de abril de 2013, pero ahora supeditada a la
negociación política en torno a la instauración en Venezuela de una nueva
estructura política administrativa –no reconocida en la Constitución Nacional-
llamada: Poder Comunal.
A 15 días de la elección presidencial el
rector electoral Vicente Díaz, presidente de la Comisión de Participación Política
y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) alertó que los aspirantes
a gobernadores no pueden “inaugurar” obras públicas como si se tratara de
funcionarios públicos en ejercicio. No obstante, el propio rector duda si
compete al organismo electoral o la Contraloría General de la República
sancionar este tipo de acción, que podría catalogarse como usurpación de
funciones o uso inadecuado de los recursos públicos para hacer campaña.
Hace seis años, la Misión de Observación
Electoral de la Unión Europea recomendó a las autoridades venezolanas investigar
y sancionar -de acuerdo a las leyes del país y a las
prácticas electorales internacionales- la participación de funcionarios públicos en
actos de campaña electoral, ya sea voluntaria o inducida. También se recomendó
analizar la posibilidad de prohibir la inauguración de obras públicas durante
el periodo de campaña y limitar la publicidad institucional. Ninguna de estas
recomendaciones fue analizada, lo que contribuye hoy en día a que existe un
claro desbalance en las actividades de campaña y un amplio desconocimiento a la
normativa electoral.
No solo guarda silencio el CNE con relación al
uso de recursos públicos, también lo hace sobre las
elecciones locales, las teóricamente más importantes por la cercanía de los funcionarios
que deben elegirse con los ciudadanos. Básicamente los rectores electorales
evalúan, al menos, tres escenarios distintos para convocar finalmente la
elección de 335 alcaldes y concejos municipales, además de dos alcaldías de los
Distritos Metropolitano y sus respectivas cámaras.
Esta diatriba se mantiene a pesar que el 29 de
marzo de 2012 la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, a la par que convocó la
elección presidencial para el domingo 7 de octubre y las elecciones regionales
para el 16 de diciembre aseguró que las elecciones locales podrían realizarse
el 14 de abril de 2013.
El retardo en la decisión del CNE tiene
razones políticas y está vinculado a la implementación del Poder Comunal.
Mientras el organismo comicial pareciera esperar por la orden política para
convocar elecciones, aumenta el periodo ilegal de las autoridades locales.
Los actuales integrantes de las cámaras
municipales fueron electos el 7 de agosto del año 2005. Según la Constitución
los gobernadores, alcaldes y concejales deben permanecer cuatro años en sus
cargos. Por esta razón, los venezolanos debían elegir a los integrantes de los
335 concejos municipales del país y 1084 juntas parroquiales a mediados del año
2009.
No obstante, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal,
aprobada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial
extraordinaria N° 6.015 del 28 de diciembre de 2010 eliminó a las 3.207 juntas
parroquiales que fueron electas en 2005 (como paso previo a la implementación
del Poder Comunal)
La eliminación de las juntas parroquiales se une al rezago en la designación de
cámaras municipales que respondan a la dinámica política de 2012 y no a la
distribución de poder local de 2005.
Según informa el diario El Universal los siete años de mandato de los actuales
concejales crea importantes distorsiones políticas. Un caso emblemático se
encuentra en el municipio Sucre del estado Miranda. Desde 2007 el chavismo no
logra ganar en este municipio. No obstante, el alcalde Carlos Ocariz (Primero
Justicia-oposición) debe gobernar con una cámara municipal electa en 2005, que
le otorgó al MVR -ahora Psuv- 11 de los 12 curules en el concejo municipal. Si
se utilizarán los resultados de los comicios locales celebrados el 31 de
octubre de 2008 la oposición debería tener la mayoría de las curules en este
concejo municipal.
El caso de Ocariz no es único. En las elecciones locales del 31 de octubre de
2008 los candidatos a alcaldes de la oposición ganaron en 56 alcaldías. De
éstos, 36 deben gobernar con cámaras municipales pro-chavistas electas en 2005
que debieron relegitimarse hace tres años.
Mientras el CNE guarda silencio sobre temas vitales como el control de la
campaña y mueve las fechas electorales a conveniencia de un sector político es
imposible hablar de elecciones realmente competitivas en Venezuela.