Desde el año 1999, el gobierno ha ido
reduciendo progresivamente las condiciones indispensables para unas elecciones
libres, justas, auténticas e imparciales: prohibió el financiamiento público de
los partidos y organizaciones con fines políticos, asumió el control del
directorio del CNE, reestructuró la justicia electoral, manipuló los circuitos
electorales (gerrymandering), eliminó la figura de la "Observación
Electoral Internacional" y la sustituyó por la de
"Acompañamiento", etc.
Paralelamente, el gobierno del presidente Hugo
Chávez ha ido implantando una política de intimidación a la disidencia y
sembrado temores en el electorado, fundados en la implementación del sistema
automatizado de votación, en el uso indebido que ha hecho de datos personales y
de preferencias políticas y en la relación directa que existe entre las
elecciones y las expectativas de una parte importante de la población de recibir
beneficios sociales y económicos.
La lucha por las condiciones electorales es un
verdadero desafío para la restauración de la democracia en Venezuela. La
oposición debe realizar un esfuerzo permanente y creativo para prevenir y
anticipar las causas que afectan al sistema democrático y para mitigar las
consecuencias del autoritarismo electoral. Esa estrategia no puede basarse en
la aceptación de las condiciones sino en su cuestionamiento permanente.
Para la elección presidencial del 7 de octubre
se implementó un nuevo sistema de información a los votantes. Según la
explicación ofrecida por el CNE, el Sistema de Información al Elector (SIE) se
usó para orientar a los votantes y brindar a la autoridad electoral datos sobre
la cantidad de ciudadanos que acudían a votar.
El artículo 312 del Reglamento General de la
Ley Orgánica de Procesos Electorales prevé el procedimiento para la
organización del flujo de electores que debe seguirse en los centros de
votación: en la entrada de cada centro se ubicarán listados de los electores
inscritos en las mesas electorales de ese centro y en aquellos centros con tres
o más mesas, se habilitará una estación de información al elector, la cual
"dispondrá de equipos de computación con la información contenida en el
Registro Electoral y un sistema de distribución de electores y de control de
acompañantes". En dicha estación "se hará entrega (…) de un
instrumento que indique el número de cédula de identidad, la página y el
renglón del cuaderno de votación, de tal manera que la búsqueda en la mesa
electoral se haga de manera expedita".
Después de las elecciones presidenciales,
dirigentes opositores, e incluso uno de los rectores del CNE, solicitaron
formalmente que el 16 de diciembre se eliminase la estación indicada, pues
lejos de beneficiar la celeridad del proceso de votación, había generado
fuertes retrasos durante las elecciones presidenciales. Sin embargo, a pesar de
los argumentos esgrimidos, el CNE no solamente decidió mantenerla, sino que
agregó que su utilización era obligatoria.
Durante el período previo a las elecciones del
07 de octubre, aunque voceros del CNE sostuvieron que el tiempo promedio por
elector era de un minuto, los simulacros realizados el 05 de agosto y el 02 de
septiembre, demostraron que el tiempo requerido para votar era mucho mayor. El
07 de octubre, las demoras fueron evidentes y excesivas. Alrededor de un 22% de
las denuncias recibidas por organizaciones de la sociedad civil que hicieron
seguimiento a la jornada electoral, estuvieron relacionadas con los retrasos en
los centros de votación y gran parte de ellas, con la estación de información
al elector. El propio Centro Carter, en el informe final presentado por la
misión de estudio enviada durante los comicios presidenciales, destacó que si
bien la alta afluencia de votantes había contribuido a la formación de largas
colas, los retardos en la entrada de los centros de votación se debieron en
parte a la implementación del nuevo sistema de información.
Por otra parte, el citado referido 312
establece que en caso de que algún elector no aparezca en los listados ubicados
en la entrada del centro de votación, "deberá́ dirigirse a la Estación de
Información al Elector, donde se le indicará el lugar en el cual le
corresponde votar". Es evidente que el propósito de dicha estación es la
asistencia al elector, por lo que el paso por ella debería ser opcional y
únicamente para aquellos electores que no conozcan su mesa ni el renglón del
cuaderno. La decisión del directorio del CNE acerca de su obligatoriedad no
solamente contradice el fin previsto en la norma indicada, sino también lo que
el propio CNE decidió el 07 de octubre en relación con los retrasos ocasionados
por ese mecanismo, el cual fue declarado voluntario, que no obligatorio, porque
entorpecía el normal desenvolvimiento del proceso.
Como fundamento de la decisión tomada
recientemente ante la solicitud presentada por la oposición, la presidenta del
CNE señaló que la estación es una "garantía para los votantes",
"representa un avance en materia de automatización del sistema de votación
venezolano" y permite además, "conocer en tiempo real el flujo de
electores". Pero lo cierto es que la información que recoge esa estación
en relación con el número de personas que han participado en el proceso
electoral no debería interesar al CNE sino únicamente a los partidos políticos,
los cuales mediante metodologías de conteo que permiten hacer cortes parciales
a lo largo de la jornada electoral, suelen medir la participación y tomar
decisiones de movilización. Lo anterior conduce forzosamente a concluir que el
"flujo de votantes" que registra la estación es la mejor herramienta
de movilización electoral para uso exclusivo del oficialismo, el cual controla
a los cuatro miembros de la autoridad electoral vinculados con el partido de
gobierno.
Además de inútil y perjudicial, la estación de
información al elector, fortalece la percepción generalizada de que el gobierno
dispone de información acerca de las preferencias electorales de los
ciudadanos. Ciertamente, el 5 de septiembre de 2012 se realizó la auditoría al
Sistema de Identificación al Elector (SIE) utilizado en las elecciones
presenciales del 07 de octubre de 2012, con el propósito de "revisar el
código fuente del sistema permitiendo verificar las funcionalidades que
ejecutan la aplicación como la instalación y las pruebas, constitución,
información al elector y transmisión de datos". Durante esa evaluación se
comprobó que el SIE tenía un contador que permitía saber el número de
ciudadanos que se habían presentado a los centros de votación y que solo
enviaba información acerca de la edad y sexo del elector. Sin embargo, durante
la jornada del 07 de octubre la oposición no tuvo testigos en la sala que
recibía la información transmitida por los equipos, por lo que no pudo
verificar qué tipo de información transmitía la estación ni quién recibía esos
números. Recientemente, el CNE aprobó la presencia de testigos de
organizaciones políticas en las salas de monitoreo del SIE. Sin embargo, esta
medida no es suficiente para atenuar la suspicacia y la desconfianza que genera
en el electorado la utilización del sistema automatizado de votación.
Aunque el contenido mínimo de la democracia
requiere que las personas habilitadas para votar tengan la libertad de escoger
a cualquier candidato y de apoyar u oponerse al gobierno, sin coacción ni
influencias indebidas que puedan desvirtuar o inhibir la libre expresión de la
voluntad de los electores, en Venezuela el miedo sigue siendo utilizado como
estrategia de control político y las contradicciones de la autoridad electoral
lo fortalecen.
Un Estado de Derecho