Los
créditos adicionales aprobados por la Asamblea Nacional y la expansión del
Gasto Público demuestra la ejecución de dos prácticas presupuestarias erradas
en Venezuela. La primera, señala el poco valor que le asigna el ejecutivo al
presupuesto nacional, como instrumento de planificación, ejecución y control
del gasto público. La segunda, el presupuesto nacional se utiliza como un
archivo que se modifica diariamente respondiendo a situaciones de coyuntura
política, buscando a través de la expansión del gasto público, el otorgamiento
de recursos a funcionarios y entes públicos claves, a fin de intentar incidir
en las próximas decisiones del electorado.
En Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 39.961 del 10 de Julio de 2012, se
muestra la aprobación de ocho nuevos créditos adicionales de un monto total de
Bs. 4.670.657.322,52 (USD. 1.086.199.377,33). En lo que va de año se han
aprobado 114 créditos adicionales por un monto de Bs. 47.757.461.762,87 (USD.
11.106.386.456,48). Este monto representa casi el doble del monto aprobado vía
créditos adicionales en comparación al mismo periodo en el año 2011.
De
estos ocho nuevos créditos adicionales incorporados al presupuesto 2012, se
destaca un “mega-crédito” de Bs. 2.000.000.000 (USD 465.116.279,07) otorgados a
varios ordenadores de pago (distintos ministerios y entes de la administración
pública), para financiar en su mayoría gasto de personal (sueldos y salarios,
beneficios inherentes al trabajador, aguinaldos, entre otros) y las pensiones y
jubilaciones de estos entes. Del monto total de este crédito 63% correspondió
al gasto de personal, pensiones y jubilaciones y el restante 37% a
transferencias corrientes realizadas a distintos entes adscritos a varios
ministerios sobre todo para financiar su gestión administrativa.
Otra
característica de este “mega-crédito”, es que por segundo mes consecutivo se le
otorgó recursos (Bs. 5.207.465) a proyectos de difusión y cobertura
comunicacional del Presidente de la República como: desarrollo y difusión de
campañas comunicacionales e informativas en apoyo a la gestión de gobierno,
producción del programa Aló Presidente, cobertura y difusión comunicacional de
la agenda del presidencial, fortalecimiento de medios alternativos, el
fortalecimiento de la política informativa a través de oficinas regionales y el
fomento a la aplicación de la Ley Resorte.