El
28 de junio de 2012, en el marco de una reunión con los directivos de los
medios de comunicación privados, la directiva del CNE, afirmó que no tenía
potestad para regular las cadenas obligatorias de radio y televisión que
sistemáticamente realiza el presidente candidato Hugo Chávez Frías. En esa
misma reunión pedía equilibrio a los medios en la cobertura informativa para
las campañas electorales de los distintos candidatos .
Las
cadenas obligatorias de radio y televisión constituyen un mecanismo restrictivo
de la libertad de expresión que se utiliza además para la descalificación del
principal candidato de la oposición. Del mismo modo se utiliza la obligación
que tienen la radio y televisión de transmitir mensajes gratuitos de acuerdo a
lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y
Medios Electrónicos que claramente constituyen una violación a los principios
de equidad que debe aplicarse en toda actividad electoral.
La
Misión de Observación Electoral de la Unión Europea a las elecciones
presidenciales del año 2006 consideró:
“El recurso excesivo a varias formas de propaganda institucional (es decir, la
publicidad pagada por una institución del Estado, como por ejemplo ministerios,
empresas públicas o autoridades regionales o locales) jugó a favor de la
campaña del presidente y candidato Hugo Chávez . “ El problema no es nuevo y no
puede considerarse que la publicidad gubernamental, incluyendo las cadenas
obligatorias de radio y tv, sean ajenas al evento electoral.
Por
otra parte, el debate en una sociedad democrática está intrínsecamente asociado
al pluralismo que se expresa en los medios de comunicación y ello cobra una
dimensión de mayor importancia en los contextos electorales. Los perfiles
editoriales deben responder a las visiones que libremente las personas puedan
adoptar, lo que resulta inadmisible es la coerción y cooptación para torcer
esas perspectivas recurriendo a la violencia estatal institucionalizada o
mecanismos de censura indirecta.
En
una investigación adelantada por el gobierno nacional y realizada con el concurso de distintas
instancias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); las Oficinas de
Información Regional (OIR) del Ministerio de Comunicación e Información
(MINCI); la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); el Servicio
Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros entes públicos, se
puede construir un mapa de las tendencias editoriales de acuerdo a la
perspectiva del partido de gobierno .
La
elaboración de un mapa de los medios de comunicación con los recursos públicos,
en coordinación y con aportes del partido de gobierno configura claramente un
uso indebido de los recursos públicos. Por otra parte obliga a un seguimiento
de posibles consecuencias que puede acarrear a medios calificados como
opositores en la mencionada base de datos
De
acuerdo a esta base de dato que registra la perspectiva oficial y que cuenta
con un acceso libre a la información oficial se establece que en Venezuela
existen 1446 estaciones de radio,
incluyendo las clandestinas , 193 canales de TV y 334 medios impresos. En el cuadro
siguiente se detalla la suma de los medios de acuerdo a la categoría de
tendencia que el partido y el gobierno catalogan como líneas editoriales. Las
radios que se incluyen en el cuadro corresponden a las debidamente autorizadas.
Las estaciones clandestinas mayoritariamente son ubicadas como aliadas. Ello
guarda una relación directa con su vulnerabilidad jurídica y la estrategia de
cooptación que se impulsa desde el Estado venezolano.
El
38,8% de los medios son considerados Aliados y un 13,2% Con Acercamiento. Ello
implica que el 52 % de los medios del país tienen una relación próxima al
candidato presidente y un 24,9% se identifica con el sector de la Oposición. De
confirmarse estos datos, mediante una evaluación de contenido e impacto, el
sector gubernamental cuenta con una ventaja relevante en el mapa de los medios,
público y privados, en el país.
Estos
datos reivindican la importancia de una regulación estricta de la publicidad
gubernamental, incluyendo las cadenas obligatorias de radio y tv, los mensajes
obligatorios de la ley Resorte y otras modalidades de la propaganda
gubernamental. En un contexto de
inequidad obviar la responsabilidad sobre la regulación de la propaganda
gubernamental aumenta las condiciones ventajistas para el candidato que procura
su reelección.
Por
otra parte los medios públicos tienen una obligación de mayor grado que los
medios privados en la tarea de construir un discurso equilibrado. En ese
sentido, conviene recordar las recomendaciones que para este tipo de medio elaboraron
conjuntamente el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de
Opinión y de Expresión, el Representante de la OSCE para la Libertad de los
Medios de Comunicación, la Relatora Especial de la OEA para la Libertad de
Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la
Información de la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos) en su Declaración Conjunta Sobre Medios de Comunicación y Elecciones:
•
Asegurarse que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se
difundan con suficiente información para que el electorado comprenda
adecuadamente su relevancia.
•
Normalmente, esto requiere formular preguntas a los distintos líderes y
candidatos, así como organizar debates entre tales candidatos.
•
Respetar normas estrictas que aseguren la imparcialidad y el equilibrio, en
especial al informar sobre los partidos políticos gobernantes y las decisiones
y los actos del gobierno durante un período de elecciones. Esto implica también
brindar una cobertura igualitaria de los argumentos a favor de todas las partes
durante un referéndum.
•
Otorgar a todos los partidos y candidatos un acceso igualitario a los medios de
comunicación para que transmitan sus mensajes directamente al público, ya sea
en forma gratuita o a un costo subvencionado. El acceso igualitario equivale a
un acceso justo y no discriminatorio concedido en función de criterios
objetivos que midan el nivel de apoyo general e incluye otros factores como la
oportunidad del acceso y los cargos a los cuales se quiere acceder.
•
Asegurarse de que, las encuestas de opinión y los pronósticos electorales, se
difundan con suficiente información para que el electorado comprenda
adecuadamente su relevancia.
La estructura
institucional electoral debe fortalecer la equidad en las oportunidades para
todos los candidatos. Ello implica obligar a los medios públicos al equilibrio,
exhortar a los medios privados a que la practiquen y prohibir el uso de la
propaganda gubernamental. Aplicar las medidas a medias o solo alguna de ellas
contribuye a fortalecer las tendencias inequitativas y constituyen en sí mismas
una injusticia.