¿La Elección Presidencial se celebró, en general, con
respeto a las leyes nacionales y a los estándares internacionales en lo
referido a la administración electoral y al sistema automatizado de votación?
Esta es la principal interrogante que deberán responder los acompañantes
internacionales y los observadores nacionales después de la elección
presidencial del 7 de octubre.
¿Qué elementos necesitan para responder la anterior
interrogante? Las sugerencias realizadas en el pasado por los integrantes de las
misiones técnicas de observación internacional de la Unión Europea,
Organización de Estados Americanos y Centro Carter y de organizaciones de
observación nacional como Ojo Electoral –ninguna de estas organizaciones
participará en venidero el proceso electoral- son un excelente punto de partida
para precisar si los problemas se han reducido, persisten o se han incrementado
los elementos que condicionan al proceso electoral venezolano.
Por ejemplo, en el pasado se
reconoció que el rol de la observación nacional es clave para la transparencia
y credibilidad de las elecciones. Es importante que estos mecanismos sean
alentados desde la autoridad electoral y no se le impongan a los observadores
nacionales limitaciones en el número de personas que pueden acreditar y las
actividades de observación que se pueden desarrollar.
Constatar si las
inconsistencias y vacíos que la observación internacional identificó en el
pasado en las leyes que regulan los procesos electorales en el país fueron
corregidos con la aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el
Reglamento General Electoral, es otro elemento que debe recibir atención.
Al hablar de la campaña
electoral es importante recordar que el equilibrio –como fue recomendado en el
pasado- para que el CNE otorgue una mayor prioridad a los mecanismos
sancionadores de delitos y faltas electorales previstos en la Ley y reflejados
en las normas, de manera que en la medida de lo posible, se penalice y disuada
de su comisión, antes del fin de la campaña electoral, a quienes incurren en
ellos.
La garantía de que en Venezuela
se realice una campaña equilibrada está en que se investigue y sancione, de
acuerdo a las leyes del país y a las prácticas electorales internacionales, la
participación de funcionarios públicos en actos de campaña electoral, ya sea
voluntaria o inducida. El ejercicio de los poderes sancionatorios con los que
está facultado por ley el CNE actuaría en beneficio de la credibilidad y
legitimidad del Poder Electoral y en consecuencia de los resultados del 7 de octubre.
La actuación de los
denominados coordinadores electorales y del Plan República en los procesos
electorales, que sigue siendo vista con recelo por algunos partidos y
ciudadanos, también debería recibir atención de los acompañantes
internacionales como de los observadores nacionales.
Es vital que se compruebe la hora de cierre de los
centros de votación. A diferencia de lo que ocurre en otros países que sólo se
permita votar a los electores que ya están en cola al momento del cierre y no a
quienes se les unan posteriormente, en Venezuela las mesas de votación permanecen
abiertas varias horas después de las 6:00 p.m. hora de cierre estipulada
frecuentemente por el órgano electoral, debido a la cantidad de personas que se
incorporan después de la hora indicada. Una observación directa de este
comportamiento podría determinar la incidencia de las denuncias de extensión
interesada de la hora de votación que se vienen repitiendo en los últimos
procesos electorales.
Con relación al sistema automatizado, en los recientes procesos
electorales se ha recomendado que exista una mejor capacitación del personal de
mesas de votación, operadores y técnicos de la máquina de votación, junto con
la definición más precisa de los procedimientos asociados a los centros de
votación y mesas electorales para evitar incertidumbre o contradicciones en el
desarrollo de sus funciones.
También se ha recomendado que la suspensión de la
publicidad institucional, ya sea de nivel nacional, estadal o local, y una más
clara limitación de las actividades públicas de todos los funcionarios y cargos
electos durante el período de la campaña electoral, acabarían con los riesgos
de ventajismo y con el uso de los recursos públicos en beneficio de
ciertas candidaturas, norma de la actual campaña. Por lo que sería necesario
analizar las distintas mediciones que existen –no solo la que realiza el CNE- para
tener certeza si la publicidad institucional ha condicionado el equilibrio en
la fase de campaña.
Sobre este tema, es necesario precisar si el CNE y el
Ministerio Público hicieron uso oportuno de los mecanismos sancionatorios de
los que disponen para combatir las infracciones, que también pueden ser denunciadas
por cualquier ciudadano o los representantes legales de los partidos políticos.
De manera que el excesivo sesgo partidista con el que la
mayoría de los medios privados y los que integran el Sistema Nacional de Medios
Públicos cubren la campaña electoral también debería ser objeto de análisis de
los acompañantes internacionales.
Por último es recomendable constatar si la
implementación del nuevo Sistema de Autenticación Integrado (SAI) estuvo
acompañado de una extensa campaña de divulgación que logró eliminar los
prejuicios existentes actualmente sobre estos equipos y su capacidad de garantizar el secreto del voto.