La histórica participación de los venezolanos en la elección presidencial del 7 de octubre (80,48% del total de votantes registrados), la atmósfera pacífica en que se celebró el evento y la aceptación de los resultados por todas las partes podrían indicar que este proceso comicial fue un ejemplo para el mundo democrático.
No obstante, aunque es de aplaudir y resaltar el esfuerzo de los partidos políticos, Organizaciones No Gubernamentales y de la sociedad civil en general por lograr suficientes condiciones para que se efectuarán comicios reconocidos por todas las partes, el no cumplimiento de estándares internacionales electorales –y democráticos- básicos empañan la histórica participación electoral de los venezolanos.
Inicialmente podrían identificarse problemas vitales en cuatro áreas: el uso de la publicidad institucional (incluídas transmisiones oficiales) y recursos del Estado para realizar proselitismo político, desequilibrio informativo de los medios de comunicación, participación de funcionarios públicos en la campaña (por presión de terceros o por voluntad propia) y desinformación –o ocultamiento de información por parte de la autoridad electoral- sobre zonas y procesos vitales de la organización electoral que permanecieron constantemente por fuera del monitoreo de los partidos políticos. Aunque no se puede asegurar que esta falta de información –y acceso- condicionó el resultado electoral, si constituye uno de los ejemplos de cómo la autoridad electoral desconoció al principio básico de transparencia y equilibrio que debe caracterizar a una elección.
Aunque el desequilibrio informativo de los medios, el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios públicos en la campaña son problemas que se podrían evitar si el CNE ejerciera los poderes sancionatorios con los que está facultado en las leyes venezolanos desafortunadamente el rol del árbitro electoral se orientó en permitir el ventajismo electoral, evitando sancionar el uso de recursos públicos y bienes del Estado para favorecer a una de las candidaturas presidenciales.
Sobre este tema, en su informe preliminar sobre el proceso electoral venezolano, el Centro Carter explica el originen de las omisiones del organismo comicial venezolano. “De los cinco rectores actuales, cuatro, incluyendo su presidenta, están vinculados, con distintos niveles de solidaridad, al gobierno de Chávez y uno a la oposición. Esta politización ayuda a explicar el escaso entusiasmo con el que el CNE abordó algunos de los temas de la campaña, especialmente el vinculado a los reglamentos de la campaña, así como las inconsistencias en las acciones del organismo para hacerlos cumplir”.
Aunque en general todos los partidos políticos coincidieron en señalar que el 7 de octubre el sistema de votación automatizado funcionó satisfactoriamente gracias a la participación de los técnicos electorales de los candidatos en 16 auditorías a la plataforma de votación, otros elementos aún necesitan la atención urgente de las autoridades electorales venezolanas y de la comunidad internacional, tal y como se desprende en comunicaciones públicas de los técnicos electorales independientes, integrantes de las cinco organizaciones de observación nacional acreditadas por el organismo comicial.
Para que las elecciones venezolanasn sean realmente competitivas se deben retomar las recomendaciones que hace seis años quedaron plasmadas en el informe de la Misión de Observación Interncional de la Unión Europea. Es necesario que el organismo comicial otorgue prioridad a los mecanismos para sancionar las faltas previstos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), Ley del Poder Electoral (Lope) y el Reglamento Electoral General de la Lopre para que la comisión de delitos sean sancionada durante el lapso de campaña y no después de la elección.
Para evitar el ventajismo electoral de quien detenta el poder la autoridad electoral venezolana podría tomar como ejemplo la legislación electoral de Colombia, Brasil o México para intentan disminuir –o llegar a prohibir- que la publicidad institucional de obras de gobierno se utilice como propaganda electoral encubierta en época de campaña.
Además de la regulación del uso de recursos y bienes públicos se necesita atender perentoriamente los siguientes aspectos técnicos:
1) Es necesario que el CNE sea transparente en relación al procedimiento que sigue para seleccionar a los coordinadores de centros de votación y personal técnico que opera, en ell, cada vez, más complejo sistema de votación venezolano. Según los observadores nacionales de la elección del 7 de octubre “son dignos de ser resaltar los problemas que se presentaron tanto con Coordinadores de Centro, como con miembros del Plan República. En cuanto a los coordinadores, hubo casos en que se tomaron atribuciones por encima de las que les corresponden, colocándose por encima de los presidentes y demás miembros de mesa, en franca contravención de la normativa vigente. Esta actitud ilegal estuvo en la base de la obstaculización sufrida por varios observadores en sus labores.
2) EL CNE debería informar cuantos miembros de mesa seleccionados al azar por el CNE efectivamente fueron formados y se desempeñaron en los centros de votación. Esta información es vital para conocer con certeza si activistas polítcospolíticos tienen el control de las mesas electorales el día de la votación.
3) Lla normativa sobre los votantes discapacitados con discapacidad que deben ser acompañados a votar sigue continúa sin cumplirse y se usa para presionar a los votantes. Según el informe de Asamblea de Educación (uno de los cinco grupos de observación nacional avalados por el CNE) en 6,3% de las mesas observadas, no se respetó la normativa de acompañantes para el voto asistido. En el conjunto de las mesas, correspondería a 2.477 mesas. No se ha podido contabilizar cuántos votos fueron emitidos por la vía de la coacción.
4) El CNE debe informar claramente al Plan República, cCoordinadores de cCentros de vVotación y a la comunidad en general que los cCentros de vVotación pueden cerrar a las 6:00 PM si no hay electores en cola. Los observadores nacionales reportaron un alto incumplimiento (13%), de la norma que establece la hora de cierre de las mesas electorales. Este hecho puede haber sido favorecido por la omisión, por parte del CNE, del anuncio oportuno de la conclusión de la votación.
5) Técnicos de la oposición reclamaron que el CNE debe mejorar sus procedimientos de control de calidad de las máquinas de votación, y debe también tener procedimientos de contingencia adecuados. No es aceptable que hayan fallado en algún momento 1400 máquinas en los centros de votación, y que aproximadamente 400 máquinas hayan pasado a voto manual. Hubo numerosos casos de mesas que continuaban votando a las 10:00 PM, momento en el que se estaban anunciando cuando se dieron los resultados. Alrededor de 50 mil electores a esta fecha quedaron sin saber el resultado de su mesa porque el acta manual no fue adecuadamente procesada.
6) EL CNE debe rendir cuentas sobre el funcionamiento de los equipos de "identificación biométrica", el donominado SAI, integrados a la máquina de votación, especialmente para aclarar ¿en que medida estos equipos efectivamente identificaron a los electores de acuerdo a las espectativasexpectativas que tenía el CNE y las especificaciones técnicas de los mismos?.
Por último, es de resaltar que ante la ausencia de una Observación Internacional Electoral calificada en el país –con la excepción de los esfuerzos realizados por el Centro Carter- en el proceso electoral del 7 de octubre las organizaciones no-gubernamentales –reconocidas o no por el CNE desempeñaron un rol vital en el monitoreo de las condiciones electorales. Este tipo de iniciativas deben fortalecerse seguirse fortaleciendo, especialmente para garantizar la independencia de su laborr, como la única forma de que Venezuela tengacelebre, en el futuro, elecciones que resulten libre, justas y competitivas.