Durante la jornada electoral del
7 de octubre fue evidente para los habitantes de la Gran Caracas y muchas
regiones del país, el modo en que fueron trasladados compulsivamente ciudadanos
a votar, por sectores afectos al oficialismo, pasadas las 2 de la tarde. Lo más
grave es que ha sido develado por el Diario El Universal (pulse aquí para ver el articulo) el llamado “Dispositivo para la Cohesión y Articulación del Poder popular –
Milicia Bolivariana – Guardia del Pueblo en defensa del Plan República y de la
Voluntad del Soberano” (pulse aquí para ver el documento), además
de testimoniales (pulse aquí para escucharlas) que claramente involucran a la llamada Milicia Nacional Bolivariana en
actos de corrupción electoral que deslegitiman el proceso electoral en
Venezuela.
En este elemento documental y testimonial se evidencia;
1.- Sesgo político de la actuación de la Milicia
Bolivariana y Guardia del Pueblo en el
proceso electoral, al mencionar como adversarios a neutralizar “ las fuerzas
contrarrevolucionarias”.
2.- Planes para el despliegue de unidades del Comando Nacional del Guardia del Pueblo en perfecta
cohesión con la Milicia Bolivariana y el Poder Popular en todas las Parroquias
del Área Metropolitana de Caracas y los Estados Miranda y Vargas, con amplia
capacidad de movilización de grupos fieles a la Revolución Bolivariana y en
contacto con la dirección política del país y los mandos militares. Lo cual
evidencia corrupción electoral, al colocar al servicio de una parcialidad
política elementos de la Fuerza Armada Nacional.
3.- Planes para el despliegue para el control y seguimiento
ilegal de dirigentes opositores.
El documento “Dispositivo para la cohesión y
articulación del Poder Popular, Milicia Bolivariana, Guardia del Pueblo en
defensa del Plan Republica y de la voluntad del soberano”, compromete legalmente a la Guardia Nacional Bolivariana,
el Ministerio del Poder Popular para la Defensa y al Gobierno Bolivariano de
Venezuela, responsables de su concepción, elaboración y puesta en marcha el
pasado 7 de octubre, día de las elecciones presidenciales en nuestro país.
Se trata de un documento que por
sí solo reúne elementos determinantes para dar inicio por noticia
criminis, a una investigación penal por parte del Ministerio Publico de
acuerdo al artículo 68 de la Ley Contra la Corrupción, que establece penas de 1
a 3 años de prisión para los funcionaros civiles o militares que abusando de
sus funciones utilicen su cargo para favorecer electoralmente a un candidato.
El testimonio recogido por el
Diario El Universal da cuenta de articulaciones y coordinaciones ilegales ejecutadas
con oficiales de la Fuerza Armada Nacional que trabajaron para movilizar
ciudadanos y realizar actividades de inteligencia contra opositores el día de
las elecciones. Esto es un delito y ratifica la parcialidad y acción política
de militares activos al servicio de la revolución Bolivariana.
En la audio-entrevista que
recoge El Universal aparecen señalados con nombre y apellidos militares de alta
graduación, incluido el Presidente del Seguro Social, el Gobernador del Estado
Vargas, pero también aparecen referidas actuaciones ilegales del propio Consejo
Nacional Electoral, asunto que parece no importarle al Ministerio Publico, que
teniendo facultades para abrir una investigación de oficio en torno al
dispositivo que puso en marcha la guardia del pueblo y la milicia bolivariana
con el conocimiento del Comando Estratégico Operacional y ha sido develado por
El Universal, se hace la vista gorda.
También aparecen en la
audio-entrevista de El Universal, indicios muy claros que la información del
flujo de votantes en las elecciones del pasado 7 de octubre, fue compartida con
el oficialismo, que movilizo a la milicia nacional y a la guardia territorial para trasladar de
manera compulsiva a los ciudadanos a centros de votación, especialmente
provenientes de los sectores más humildes quienes son beneficiarios de las
misiones gubernamentales.
Si esto no se judicializa de
cara cara a las elecciones del próximo 16 de diciembre, sancionándose a los
responsables, no solo será re-editado y
perfeccionado el modus operandi, sino se
oficializara la corrupción electoral en Venezuela minando irreversible y
peligrosamente el futuro inmediato del país.