El nuevo Código Orgánico Procesal Penal (COPP), publicado el 12 de junio
de 2012, trae consigo menoscabo a diversas garantías fundamentales, entre las
que resalta principalmente el debido proceso. Sin embargo, también encontramos
que otros derechos humanos pueden verse afectados con la aplicación de algunas
de estas normas, tal es el caso de la libertad de expresión e información.
El
artículo 316 del COPP versa sobre la publicidad del debate de juicio, y en este
sentido establece que todos los debates serán públicos, pero que el tribunal
podrá resolver que se efectúe, total o parcialmente a puertas cerradas, cuando:
(1) afecte el pudor o la vida privada de alguna de las partes o de alguna
persona citada para participar en él; (2) perturbe grave a la seguridad del
Estado o las buenas costumbres; (3) peligre un secreto oficial, particular,
comercial o industrial, cuya revelación indebida sea punible; (4) declare de un
menor de edad y el tribunal considere inconveniente la publicidad; y, (5)
cualquier otra circunstancia que a criterio del Juez, o la Jueza, perturbe el
normal desarrollo del juicio.
Vale
acotar que el derogado artículo del COPP del año 2009 incluía el mismo
contenido del artículo a excepción del numeral quinto. De manera que, lo que el
legislador hace con la reforma de este artículo es agregar una causal nueva
para limitar la publicidad de los debates, la cual de una simple lectura se
observa que es abierta e imprecisa y deja a libre discreción del juez el
decidir al respecto.
Tanto
la Constitución Nacional como los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos consagran la publicidad de los procesos [1] como una garantía
esencial del debido proceso y establecen causales precisas para que operen las
excepciones. De la misma manera estos textos normativos establecen el derecho a
la libertad de expresión y el derecho a la información y comunicación [2].
En
consonancia con esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) y la Corte Europea de Derechos
Humanos han resaltado la importancia de la publicidad en los procesos como una
garantía para la preservación de la confianza y seguridad jurídica[3]. La
publicidad en los procesos permite una Administración de Justicia transparente,
en la que las personas puedan ejercer contraloría social y estar atentos y
vigilantes a cualquier menoscabo de derechos que puedan existir en el proceso.
En este sentido, las excepciones a la publicidad deben ser específicas y
claras, de manera que se promueva la publicidad y no el secreto y exista una
seguridad jurídica sobre la garantía de este derecho. En este caso, el debido
proceso y la libertad de expresión e información son dos derechos que actúan de
manera conjunta, pues para que se garantice que se cumpla un proceso justo debe
tenerse libertad de que la colectividad se informe acerca de lo que ocurre en
él y pueda sacar sus propias conclusiones y opinar libremente acerca del mismo,
exigiendo correcciones en caso de que sea necesario.
En
el numeral quinto del artículo 316 del nuevo COPP se utiliza el término
“perturbe el normal desarrollo del juicio” como causal que aplicaría el Juez o
Jueza a libre consideración de éste. Este término no queda claro en la norma y
genera una vaguedad que pudiese interpretarse a conveniencia del Juez o Jueza
de acuerdo como éste lo disponga, pudiendo incluso permitir interpretaciones
tales que permitan al juez utilizarlo como excusa para encubrir actos de
corrupción, de violación de derechos o garantías o para la realización de
cualquier otro acto ilegítimo.
En
conclusión, este artículo del COPP atenta contra el principio de publicidad
procesal, pues es vago e impreciso en sus términos y otorga un poder demasiado
amplio a los jueces para decidir libremente acerca de la garantía de un derecho
humano fundamental y excede los límites de las excepciones de la publicidad de
acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos. Así mismo,
este artículo toma pasos regresivos en contra de las garantías del derecho humano
al debido proceso.